Zobeyda Cepeda
El sistema de atención a la violencia doméstica ha logrado importantes avances a pesar de los escasos recursos con que cuenta para dar respuesta a una demanda cada vez más creciente del fenómeno.
En los años ochenta las primeras organizaciones feministas surgidas empezaron sus esfuerzos de sensibilización en contra de la violencia hacia a las mujeres, fue cuando se inició el posicionamiento del término.
A finales de los ochenta e inicios de los noventa la capacitación en el conocimiento e identificación del problema: su ciclo, causas, consecuencias, indicadores, entre otros, fueron parte de los temas que se abordaban con las organizaciones barriales de mujeres.
En la justicia se trataban los casos como golpes y heridas de acuerdo al artículo 309 del Código Penal. En las Fiscalías se recibían las denuncias y hacían los interrogatorios a la exposición de cualquier curioso/a que deseara opinar sobre el hecho, y sin ofrecer ningún tipo de privacidad para las víctimas, incluyendo los casos de violaciones sexuales.
La promulgación de la Ley 24-97 en enero de 1997, marcó el reto de dar a conocer los contenidos de este retador e innovador marco jurídico. No faltaron las declaraciones de algunos juristas señalando su inconstitucionalidad, separados y al margen de los análisis y el nuevo orden jurídico internacional de derechos humanos, que se abría paso.
Muchos fueron los ejemplares impresos y distribuidos, los talleres, las charlas, conferencias en torno a las nuevas disposiciones de abordaje que conllevaba un cambio en la cultura jurídica y social. Los diagnósticos e investigaciones de principios de la década del 2000 daban como resultado que las mujeres sabían de la existencia de la nueva ley, identificaban los diferentes tipos de violencia y, en menor medida dónde presentar las denuncias.
Hoy en día el número de denuncias diarias supera la capacidad de respuesta de las catorce unidades de atención distribuidas en el país, un sistema al borde o ya colapsado. La enorme cantidad de trabajo impide que las fiscales de las unidades puedan dedicarse de manera efectiva a la investigación, a través de ésta, armar casos con los suficientes elementos de prueba que merezcan una debida sanción. Tampoco hay recursos humanos para atender las emergencias en la rapidez de actuación que requieren las situaciones de violencia. Son muchas las quejas de las mujeres por el tiempo que tienen que dedicar sólo al proceso de presentación de denuncias, sobre todo cuando se requiere el interrogatorio a personas menores de edad y evaluación del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
La atención de otras situaciones de violencia contra la mujer como las violaciones sexuales, la trata para fines de explotación sexual y la misma explotación sexual, a pesar de que también han logrado mayor reconocimiento social, aunque menos que la violencia doméstica o intrafamiliar, tienen aún menores capacidades de respuestas. A pesar de existir la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y de que el país está dentro de los primeros cinco a nivel mundial como lugar de origen y destino, el número de sanciones por este crimen es muy bajo. El gran reto del sistema, además de continuar evaluándose y renovándose, es inversión en la prevención. La promoción de una educación no sexista y antidiscriminatoria es una deuda pendiente del Estado en su responsabilidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. ¡Dime en qué gastas y te diré dónde están tus prioridades! Si no se toman las medidas amplias y consistentes de prevención, la demanda será cada vez mayor y vinculada a otras complejidades y problemas sociales, en contra de una capacidad de respuesta con mayor inmediatez.
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